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7-5-2013|18:53|Delitos económicos José Sbatella Entrevistas
José Sbatella

“No se puede judicializar automáticamente”

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) habló con Infojus sobre la ampliación de la estructura que dirige. La necesidad de garantizar un esquema de debido proceso y la actuación del organismo en casos resonantes.

  • Sbatella. Foto: Soledad Vazquez.
Por: Florencia Alcaraz

 

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo implementó cambios en la Unidad de Información Financiera (UIF) que conduce José Sbatella. Amplió la estructura del organismo con la creación de seis áreas dentro del organismo: la Auditoria Interna (coordinará su accionar con la Sindicatura General de la Nación), las direcciones de Administración, de Régimen Administrativo Sancionador, de Supervisión, de Coordinación y Representación nacional ante organismos internacionales (Grupo de Acción Financiera internacional, entre otros), y el Departamento de Sumarios. Además, le otorgó a Sbatella el rango de secretario de Estado.


Este martes por la mañana, el titular de la UIF participó como expositor del "Seminario de Actualización para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo con enfoque en el rol de las Mutuales y Cooperativas Obligadas", que se realizó en la Sindicatura General de la Nación. Un auditorio colmado de representantes de mutuales y cooperativas escuchó con atención a Sbatella que habló de la intervención del organismo que preside. A la salida, antes de ser abordado por los medios que lo esperaban, el funcionario dialogó con Infojus.

-¿Qué significa la ampliación de la estructura de la UIF? ¿Por qué ahora?

-Dicen que es por la coyuntura, por las últimas noticias vinculadas a lavado de dinero, pero en rigor es parte de un plan estratégico nacional e internacional en el que nos vemos obligados a ampliar la estructura. Este pedido arranca en 2010 y significa institucionalizar modificaciones desde el punto de vista administrativo. Una de las condiciones en el grupo de acción financiera internacional es que una Unidad de Información Financiera de cualquier país tiene tenga independencia, sea autártica y con capacidad de ser operativa en sí misma. No puede depender de otra estructura, tiene sus propios equipos y puede presentar sus acciones querellantes penales. Lo veníamos haciendo en la práctica pero no estaba institucionalizado administrativamente.

-¿Cuáles son las acciones que lleva adelante la UIF?

-En lo penal, los organismos del Estado en su función de policía son auxiliares de la justicia. Nosotros somos auxiliares de la justicia. Nuestro accionar tiene que ver con defender básicamente dos principios constitucionales: la presunción de inocencia y el esquema de debido proceso, que tiene que ver con garantizar la confidencialidad de la información. En un proceso donde hay denuncias anónimas o reportes que deben guardar ese anonimato no se puede judicializar automáticamente. Eso no sería un debido proceso. Antes hay que tener evidencias de que puede ser un delito. Implica un trabajo, y según la capacidad y potencia de los datos, lleva un tiempo.

-¿Cuál es la dinámica del debido proceso?

-El debido proceso requiere pedir intervención a los organismos, esperar el retorno, pedir a las UIF del mundo, esperar el retorno y, si uno puede tener esos datos, amerita denuncia penal. Los medios no entienden estos tiempos. Nosotros tampoco podemos dar datos de los ciudadanos porque a un periodista de rating se le ocurre largar esa información. No estamos a merced de los medios. Hay un juicio mediático al que no podemos entrarle como dinámica. El tiempo que lleva el debido proceso se interrumpe cuando aparece un juez que pide elevarlo a juicio, o cuando hay autoimputados, como estos casos recientes como el caso de Hernán Arbizu que él mismo dice “Yo soy el lavador”.

-¿Qué hace la UIF en esos casos?

-En esos casos la UIF no tiene que investigar más, la Justicia tiene que llamar a esa persona. Es la crítica que nosotros hacemos al proceso judicial de Clarín y al resto de los grupos económicos en los que Arbizu era cliente.

-¿Cuáles son los pasos para que una investigación de la UIF tome estado penal?

-En el año 2009 tuvimos 1500 reportes, en el 2012 pasamos a 30.000. El salto operativo es que la “manualidad” se terminó. Somos un organismo que debe procesar esos 30.000 reportes y evaluar su calidad. El 10% de esos casos pasa a un fiscal, que evalúa si hace la denuncia, si lo archiva o si lo deriva a otro ámbito por tratarse de otro delito. En estos cuatro años hubo 200 causas que se elevaron a juicio, de los cuales el fiscal mandó 25 –como máximo- a denuncia penal. Otras fueron derivadas a penal tributario o aduanero. El resto, a archivo. Todos los ciudadanos tienen derecho a que el reporte se analice. No se puede automáticamente elevar a denuncia penal porque si no, hoy tendríamos 70.000 denuncias penales. Por ejemplo, en el caso Schoklender, los datos aportados por la UIF permitieron sustentar las acusaciones del juez. Los expedientes estuvieron 14 meses en investigación interna, hasta que la cuestión pública y mediática hizo inútil la investigación interna y se entregó todo a jueces y fiscales.

-Nombró la causa Arbizu, que investiga lavado contra el Grupo Clarín y estuvo frenada durante 5 años ¿cómo intervino la UIF?

-Arbizu estuvo cinco años diciendo que él era el jefe de una asociación ilícita y no lo llamaron a declarar. La causa se reactivó a raíz de que la UIF ejerció una presión muy grande. Como querellantes, apelamos dos veces y nos rechazaron. Recién en 2012 las Cámaras reconocieron que teníamos razón. A partir de ahí, pedimos al juez que tuviera en cuenta los requerimientos de la UIF. El juez no dijo nada hasta el 22 de abril de este año, cuando presentamos un escrito que dice que hubo “denegación de justicia”. A partir de eso el juez inició una serie de movimientos en los que nos integró a trabajar. Eso tardó, requirió cuatro años de gestión y ninguna del fiscal interviniente en esa causa.

-Ante la denuncia que investiga al empresario santacruceño Lázaro Báez ¿cómo actuó la UIF?

-Quedamos como colaboradores de la Justicia, auxiliares. Una vez que tomó estado público elevamos lo que teníamos. Si el juez nos pide información sobre otros implicados, se la daremos.

-¿Cuál es la deuda pendiente de la Justicia en relación a los delitos económicos?

-En la Argentina los delitos económicos tardan 14 años en tener sentencia. Esos son los que, con suerte, llegan a juicio. Nosotros hemos demandado a la Procuración, hemos hablado con Alejandra Gils Carbó para que se efectivizara de una manera distinta. Y la respuesta es la creación de la Procuración Especial para la Lucha contra el Lavado de Dinero (Procelac). Para nosotros es muy importante porque tiene especificidad y ya tuvimos acciones muy rápidas desde su creación. La efectividad de la Justicia es lo que nos demandan a nivel internacional. Nosotros hicimos la ley, creamos la UIF, pero tenemos que traducir la efectividad de la ley y de la UIF en sanciones, en multas y en presos.