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29-12-2013|19:38|Lesa Humanidad Pablo Parenti Entrevistas
La unidad se creó en 2012

“Trabajamos para recomponer los vínculos que destrozó la dictadura”

Pablo Parenti hace el balance de 2013 en la unidad del Ministerio Público Fiscal especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de estado. En poco menos de un año, la unidad intervino y dio inicio a 12 denuncias judiciales.

  • Sol Vazquez
Por: Milva Benitez

Hace más de 12 años Pablo Parenti trabajó en la redacción de un fallo histórico: se desempeñaba como secretario en el juzgado que declaró la inconstitucionalidad y “nulidad insanable” de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Ahora, según confió a Infojus Noticias, siente que, desde la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado trabajan para “recomponer los vínculos que destrozó la dictadura”.

En la unidad creada en octubre de 2012 para que el Ministerio Público Fiscal asumiera un papel protagónico en el impulso de las causas por apropiación de niños durante la dictadura, las metas fueron significativas. “Logramos el tiempo para que se realicen los estudios de ADN, una prueba fundamental en estas causas, pase de casi dos años a 5 meses y tres semanas”, dijo el fiscal. En poco menos de un año, la unidad intervino y dio inicio a 12 denuncias judiciales con una cantidad de “elementos de prueba suficientes” no sólo para presentar el caso, sino para cumplir el estándar necesario para que un juez ordene el cotejo de ADN.

El dato no es menor. La mora en las causas por apropiación era un tema que preocupaba a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y a las abuelas y familiares que todavía buscan a más de 400 jóvenes, secuestrados junto a sus padres o nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención, durante la última dictadura.

Hasta el momento de elaboración del informe de gestión de esta unidad, se habían iniciado bajo su órbita un total de 51 investigaciones preliminares sobre posibles casos de apropiación. De ellas, 21 ingresaron por vía Fondo de Recompensas; 15 fueron iniciadas por información remitida por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; 8 por información aportada por particulares; 5 por presentaciones de la CONADI, 1 iniciada como derivación de otra investigación y 1 derivada por una fiscalía de juicio.

-¿Cómo organizaron el trabajo para dar la celeridad necesaria a estas causas?

- Antes de la creación de la unidad, Abuelas y otros organismos presentaban las denuncias directamente en los juzgados. Ahora se presentan en la unidad para la realización de una investigación preliminar en la que se reúnen las pruebas necesarias. Entonces, cuando empiezan a intervenir los juzgados y fiscales del caso las medidas de prueba, como el ADN, se pueden tomar rápidamente.

- ¿Cómo debe realizarse esta investigación?

- Elaboramos un protocolo de actuación que tiene distintas partes, algunas se refieren a medidas de prueba. Por ejemplo, aspiramos a lograr una cierta unificación en la manera de llevar a cabo la prueba de ADN, por ejemplo. Eso sirvió en la práctica, si bien como fiscalía general podemos dar instrucciones sobre cómo actuar a los fiscales, los jueces federales también tomaron estas pautas y las causas se agilizan.

Muchas veces la intervención de los jueces y fiscales en el primer contacto con las víctimas de estos delitos es fundamental para el avance de la investigación que, en gran medida depende de un ADN que en un 99% puede establecer lo vínculos de esa persona con la familia que la busca desde hace 30 años ¿Cómo trabajaron este aspecto de la judicialización de los casos?

La historia de los últimos años muestra que hubo mucho caos en ese sentido. Los jueces no sabían a qué organismo recurrir, tampoco a quién pedir asistencia para contener a la víctima o desconocían como explicarle a una persona, que le podían estar ocultando su identidad desde la niñez y que durante todo ese tiempo una familia la estaba buscando.

- ¿Cuáles fueron esas medidas en concreto?

- Nunca se debe perder de vista quiénes son las víctimas de un delito que se sigue cometiendo. Esto también es parte del protocolo. En caso que se sospeche que una persona puede ser hijo de desaparecidos el juez que intervenga en la causa puede citarla para que se haga el estudio de ADN. Pero si la persona se niega existe la posibilidad de realizar un allanamiento para secuestrar material genético que permita realizar el estudio, pero no se puede citar a la víctima o allanar su casa con una fuerza de seguridad, por ejemplo.

- Las filtraciones y los allanamientos fraguados, también fueron una barrera para el avance de estas causas, ¿de qué forma se pueden prevenir estos problemas?  

- En una causa se llegó a secuestrar un cepillo de dientes con ADN de un perro. Desde la unidad proponemos que intervenga el Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ) que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene personal especialmente capacitado para intervenir en estas causas cuando involucran requisas personales, allanamientos y tareas previas para dar con la persona en cuestión. Según los datos que recopilamos para el informe del año de trabajo, este año intervinieron en 18 procedimientos de obtención de muestras y en todos ellos se obtuvo el material biológico necesario y apto para el posterior cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos.

- La creación de una unidad especializada ¿también significó un aporte para la apertura de nueves hipótesis y líneas de trabajo?

Nos estamos concentrando también en investigaciones que no tienen como objeto la sospecha sobre una persona en particular, sino sobre instituciones o situaciones más generalizadas. Por ejemplo, como el caso del Hospital Militar de Campo de Mayo.  La idea es salir a buscar los casos que no llegan por una denuncia particular. Se conformó un equipo en el que intervienen también antropólogos y estamos pensando incorporar más gente para realizar estudios de localización geográfica y establecer patrones de conducta. El plan de trabajo implica revisar casos en todo el país, con la idea de construir nuevas hipótesis.

Sabemos que es buscar una aguja en un pajar. Hay que encontrar criterios de búsqueda en miles de inscripciones de nacimientos y adopciones que pueden esconder irregularidades; pero los tiempos apremian. Hay 400 delitos que se siguen cometiendo, y tenemos la misión de hacerlos cesar.

¿El compromiso es también personal?

En lo personal, cuando tenía 16 años fui a presenciar el juicio a las Juntas. Entonces podría decir que es por conciencia política, vengo de un hogar politizado. Después, trabajé en la investigación de delitos de lesa humanidad. Poder juzgar las personas que los cometieron y que se reabrieran esos juicios fue muy importante; pero trabajar en las causas de apropiación supone algo extra. Hoy hay personas que están viviendo con una identidad construida con base en un delito. No se trata solo de perseguir a los culpables. Es más que eso, es el intento de reestablecer los vínculos. Y de poner en contacto a una persona cuya identidad fue alterada por un hecho brutal con una familia que los busca desde hace 30 años. Las Abuelas los están buscando, nunca dejaron de hacerlo. Restituir su identidad es algo urgente y acuciante. 

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