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En enero y abril de este año dos denuncias alertaron a la justicia federal: en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires y en San Miguel había mujeres que estaban siendo víctimas de explotación sexual. La justicia intervino teléfonos, cruzó datos, hizo seguimientos. Durante meses llevó adelante dos investigaciones que se tramitaron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo de Ariel Lijo. Entre septiembre y octubre hubo 57 allanamientos en los dos distritos y se rescató a 87 mujeres. Hay 24 imputados, entre ellos varios efectivos policiales y una mujer de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) de San Miguel.

En todos los casos participó el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y efectivos de Prefectura Naval y la Policía Metropolitana.

Fotos: Herr. Tucumán 2058.

El oasis que prometían los volantes de los reductos “privados” a los “clientes” tenía un precio: 200 pesos la hora, 150 la media y 120 los 20 minutos. En algunos de los casos, la oferta promocional incluía el “no uso de preservativo”. La contracara de esos lugares a los que referían como “VIP”, cuando eran mugrientos, era la explotación sexual de las mujeres que pasaban sus horas ahí. Podían ser 12, 24, 36 y hasta 48 horas corridas de “pases”. Y las horas de descanso no ser tales: las podían despertar para que “atendieran”. Para que esa fórmula de explotación y esclavitud rindiera fue clave la connivencia policial, el sometimiento y la vulnerabilidad a la que se sometía a las víctimas. 

En la mayoría de los casos, las víctimas llegaban por medio de avisos. En los diarios, a través de avisos clasificados, se pedían “señoritas”. A las que n tenían documentos, se los tramitaban. La oferta laboral incluía, en muchos casos, alojamiento y comida que se descontaba de su “aparente ganancia”. En el caso de los “privados” de San Miguel les daban carnets de AMMAR.

De hecho, una de las procesadas en esa investigación es Silvia Fernández, referente de la organización en la zona y propietaria de varios prostíbulos. Su esposo también está en la misma situación. A las chicas que trabajaban en sus reductos les hacían simulacro de allanamientos. Así, las aleccionaban para que sepan qué tenían que decir si llegaba la justicia. Las instruían para que dijeran que era un trabajo que les gustaba y las amenazaban para que no se victimizaran porque eso, les remarcaban, sería un problema.

Suipacha 670.

En una de las escuchas realizadas por la Justicia, Fernández habla con un interlocutor y le dice:

Las víctimas eran en su mayoría de origen paraguayo, aunque también había dominicanas, uruguayas y argentinas. Las primeras eran las más promocionadas: “paraguayita nueva”, “paraguayita vip las 24 hs” decían los avisos. De lo que estos abonaban, a ellas se les descontaban entre el 30 y el 60 por ciento. Además tenían que pagar a los tarjeteros y personal de limpieza. La calidad de la comida, que también se les cobraba, dependía de cómo trabajaban.

Por medio del sometimiento obligaron a una de las víctimas a practicarse un aborto. Le colocaron cuatro pastillas abortivas de forma intravaginal que le produjeron un profundo sangrado. En las conversaciones telefónicas explicaban que lograron tocar el feto y apoyarse sobre su panza para tratar de que lo expulse.

De los siete procesados por la segunda de las investigaciones, cinco son mujeres de nacionalidad argentinas y una dominicana. Los dos restantes son hombres, uno es argentino y el otro dominicano. Todos están imputados por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en departamentos privados de la Capital Federal.

Callao 521.

En los prostíbulos de las avenidas Corrientes, Callao o de las calles Montevideo, Piedras o Tucumán, intentaban con sus acreditaciones de la AMMAR dar un cierto viso de “legalidad” a una práctica ligada a la explotación, el maltrato y sometimiento a los que eran sometidas las mujeres. Al igual que las de la primera investigación, eran convocadas por medio de avisos y sometidas a prácticas similares.

El juez Lijo procesó a los 7 detenidos en los allanamientos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora están todos con prisión preventiva, con el agravamiento de haberse aprovechado de la “situación de vulnerabilidad” de las víctimas, porque se consumó la explotación de las víctimas y porque fueron más de tres las personas sometidas.

Mirá la fotogalería con algunos de los prostíbulos allanados.

Los prostíublos allanados en la ciudad de Buenos Aires:

Ver Prostíbulos allanados en Capital Federal en un mapa ampliado

Los prostíbulos allanados en San Miguel:

Ver Prostíbulos allanados en San Miguel en un mapa ampliado