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11-9-2014|16:58|Curso Nacionales
En la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)

"Hay que establecer una instancia de control mundial sobre el capital financiero"

Lo afirmó el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, durante la apertura del curso "Crímenes Económicos y Financieros Nuevos Crímenes de Lesa Humanidad”, organizados por la Fundación Internacional Bastasar Garzón. Dijo que hay que aprovechar el momento histórico para proponer regulaciones sobre delitos económicos que provocan "daños generalizados sobre la población".

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Por: Infojus Noticias

El ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni sostuvo la necesidad de tener “una instancia de control mundial sobre el capital financiero" y advirtió que esa posibilidad comenzó a crecer a partir del efecto de las “rispideces” generadas en los países centrales. Esas crisis, que obligaron a Alemania resolver los problemas generados por sus bancos, fueron parte del proceso político que terminó en la decisión de Naciones Unidas de impulsar la creación de un marco regulatorio para el sistema financiero mundial.

"Estamos en un momento histórico en el que los desmanejos del capital financiero están generando rispideces en los países centrales. Tenemos que aprovechar eso para proponer regulaciones sobre los delitos económicos que provocan daños generalizados sobre el bienestar de la población", dijo Zaffaroni durante la apertura del curso "Crímenes Económicos y Financieros Nuevos Crímenes de Lesa Humanidad” organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

De la apertura participó también el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, quien consideró que “los delitos de lesa humanidad no se manifiestan solamente cuando los Estados libran batallas directas contra civiles”. “Hoy tenemos que entrar en el desafío de comprender que la problemática de la concentración de la riqueza se fortaleció e incrementó durante las dictaduras que tuvieron lugar a lo largo de toda nuestra región”, agregó Fresneda y sostuvo que “los derechos económicos, sociales y culturales deben comprenderse y aplicarse a nivel global” porque “los Derechos Humanos tienen que concebirse como un enfoque y como una herramienta de inclusión e igualdad social”.

Por su parte, Zaffaroni se refirió a los salvatajes bancarios –como el que tuvo que hacer Alemania- y planteó que "los gobiernos, algunos sectores productivos y los ciudadanos empiezan a ver con recelo el hecho de desembolsar grandes sumas de dinero para salvar a los bancos y a los actores financieros que provocan las crisis".

"Se puede avanzar contra la especulación financiera como se hizo contra los delitos de lesa humanidad. A ver, genocidios hubo siempre, pero se los tipificó como delitos después de la Segunda Guerra, luego de que se perpetraran en Europa. Hoy sucede lo mismo allí con la conducta de muchos banqueros que con sus manejos ponen en riesgo el bienestar general", fundamentó. Y al respecto agregó: "Lamentablemente, vivimos en un mundo en el que algunas cosas se consideran como crímenes luego de que afecten a las poblaciones de los países desarrollados. Por eso digo que estamos ante una posibilidad histórica".

Sin embargo, el ministro de la Corte advirtió sobre los riesgos que existe de "propiciar un panpenalismo que afecte a determinados intereses en desmedro de otros" y puntualizó: "El derecho penal actúa de forma selectiva y muchas veces se aplica sobre el más débil. Si establecemos regulaciones punitivas económicas debemos tener cuidado de no afectar a los más débiles, porque esto puede generar procesos de concentración económica que resultarían en definitiva más graves que los delitos que pretenderíamos castigar”.

Por eso, Zaffaroni se mostró partidario de establecer "mecanismos de control más severos sobre las operaciones financieras en un plano global", y planteó la posibilidad de "ampliar los alcances de la figura de administración fraudulenta".

"La administración fraudulenta está contemplada en el código penal y debería tener plazos más amplios de prescripción. Debería aplicarse a esos funcionarios y empresarios que en complicidad con determinados poderes económicos afecten el patrimonio de los ciudadanos", remarcó.

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