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14-9-2015|17:24|Lesa Humanidad Nacionales
Este martes continúan las audiencias

La Perla: "Desde Menéndez para abajo todos conocían quiénes eran las víctimas"

La megacausa La Perla entró en etapas de alegatos. En las primeras audiencias, expusieron dos abogados querellantes. El caso del escribano Vicente Fernández Quintana y la apropiación de la empresa Mackentor, en el centro de la escena.

  • Télam
Por: Infojus Noticias

La megacausa La Perla entró en la fase final con los alegatos de las querellas. En primer turno, el abogado Horacio Viqueira solicitó penas de prisión perpetua para 13 imputados. Y, después, el querellante Juan Carlos Vega, por el caso de la apropiación de la empresa Mackentor, solicitó la nulidad de "todos los actos constitutivos de la persecución masiva de personas" vinculadas a la firma, durante el terrorismo de estado y en el período democrático. “Cada exposición necesita ubicar en contexto histórico los hechos, por lo que hay un tiempo que se extiende. La estructura represiva de La Perla, por ejemplo, lleva horas. Y el rol que desempeñó cada represor, también. Los plazos se alargan y creemos que en un mes y medio llegarán los alegatos de fiscalía”, dijo el fiscal Facundo Trotta a Infojus Noticias.

Viqueira es querellante en el caso del secuestro y desaparición de Vicente Fernández Quintana, parte de la causa denominada “Rodríguez II” en la que se investigan 76 hechos de secuestros, tormentos y homicidios cometidos entre 1976 y 1978 contra 107 víctimas, incluido el dirigente sindical René Salamanca. Junto a su colega Aukha Barbero, Viqueira representa a la familia del escribano Fernández Quintana, de Río Tercero, secuestrado el 14 de mayo de 1976 y trasladado a La Perla.

Por este hecho están acusados Luciano Benjamín Menéndez, Héctor Pedro "Vargas" Vergez, Ernesto "Nabo" Barreiro, Eduardo Raúl "El francés" Fierro, Luis "El hombre del violín" Manzanelli, Jorge Ezequiel "Rulo" Acosta, Emilio "Capicua" Morard, Ricardo Alberto "Fogo" Lardone, Gustavo "Von Dedrich" Diedrich, José "Tarta" Herrera, Héctor "Palito" Romero, Arnoldo "Chubi" López y Jorge González Navarro. En su exposición, Viqueira detalló el contexto histórico de terrorismo de estado en el que se desarrollaron los hechos. Allí, el alegato giró sobre un aspecto paradigmático: la complicidad con los represores por parte de sectores del Poder Judicial y la cúpula de la Iglesia Católica de Córdoba, que encabezaba en la época el cardenal Raúl Francisco Primatesta.

Tras recordar numerosos testimonios de víctimas sobre la existencia de un plan sistemático de exterminio, también señaló que dijeron haber visto a Menéndez en La Perla. Y agregó que los represores tenían una "obsesión por tomar como botines de guerra" las pertenencias de sus víctimas. Según los testimonios citados por el letrado querellante, en La Perla "todos hacían de todo: los secuestros, las torturas y los asesinatos de sus víctimas" y agregó que, "desde Menéndez y pasando por el batallón de inteligencia 141, todos estaban en conocimiento de quiénes eran las víctimas y cuáles sus destinos". En rigor, describió el circuito represivo como una red que, desde los altos mandos hasta los subordinados de más bajo rango, conocían a la perfección.

Para los imputados Menéndez, Diedrichs, Fierro y González Navarro, Viqueira solicitó que se los declare autores mediatos de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, y que se les impongan las penas de prisión perpetua. Semejante penas pidió por los mismos delitos para los imputados Barreiro, Vergez, Acosta, Vega, Manzanelli, Herrera, Morard, Romero, López y Lardone.

Una empresa apropiada por los militares

A su turno, el abogado Juan Carlos Vega pidió la "nulidad de la intervención militar de Mackentor" del 25 de abril de 1977, como así también la de "los actos consecuentes, posteriores y ulteriores", dictados por dicha intervención, hasta la fecha del recupero de la empresa por parte de sus accionistas en 1984, encabezados por su dueño Natalio Kejner.

Vega dijo que "se ha probado quiénes fueron los beneficiarios económicos de esta persecución. Está probado que Supercemento se quedó con los activos de Mackentor", a partir de la apropiación de esta firma por parte de los militares.
El letrado sostuvo que la apropiación de Mackentor se produjo en un momento en que el "Menéndez quería superar a (Guillermo) Suárez Mason, (ex jefe del 1er Cuerpo de Ejército) con el caso (David) Graiver", lo que motivó que el represor comenzara a los gritos diciendo que eso era mentira, por lo que el presidente del tribunal, Jaime Diaz Gavier, lo hizo callar y le advirtió que solo puede usar de la palabra "a través de su abogado defensor".

En ese sentido Vega señaló que la justicia federal de Córdoba no reconoció ninguno de los reclamos que realiza Kejner para que le devuelvan sus bienes apropiados: "Le rechazan la acción civil por prescripción. En esa época la regla no escrita en los Tribunales Federales de Córdoba y en general en el país, era rechazar por prescripción los reclamos de las víctimas", del terrorismo de Estado.

En esta causa se juzga el secuestro y tortura de 21 personas, entre empleados y directivos del grupo Mackentor, quienes fueron privados ilegítimamente de la libertad y alojados en el centro clandestino de detención y torturas La Ribera y en un caso también en La Perla, donde fueron sometidos a distintos tipos de tormentos.

También se juzga la desaparición de cuatro abogados de la firma: Carlos Altamira, Eduardo Sanjurjo, Mario Hernández y Roberto Juan Sinigaglia, todos pertenecientes al estudio jurídico de Gustavo Roca. Además de Menéndez por estos hechos están imputados los represores, Ernesto Guillermo Barreiro, José Luis Yañez, Enrique Alfredo Maffei, Angel Corvalán, Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega y José Andrés Tofalo.
Además se encuentran acusados Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero, en tanto que Jorge Rafael Videla, Hermes Oscar Rodríguez, Manuel Absalón Díaz y Eduardo Porfidio Ríos, fueron sobreseidos por fallecimiento. Todos están imputados por "abuso de poder; usurpación; allanamiento ilegal de domicilio; robo calificado; privación ilegítima de la libertad agravada e Imposición de tormentos”.

El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y el sustituto Carlos Arturo Ochoa pasó a un cuarto intermedio para este martes, en el que Vega concluirá su alegato.

JMM
 

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