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22-4-2013|20:02|CAUSA RUCCI Nacionales
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El crimen del ex secretario de la CGT

La reapertura de la causa Rucci es “un capricho judicial”

Lo afirma el abogado de derechos humanos Rodolfo Yanzón, que criticó la decisión de la Cámara Federal porteña. Ese tribunal de apelaciones ordenó reabrir el caso a fin de 2012. El 6 de mayo el juez Ariel Lijo empezará a escuchar las primeras declaraciones testimoniales. El debate sobre si es o no un delito de lesa humanidad.

  • José Ignacio Rucci.
Por: Raúl Arcomano

Habían pasado diez minutos del mediodía cuando José Ignacio Rucci salió de la casa de la cuñada, en Flores. No llegó a subirse al auto de su custodia: el primer escopetazo le dio en el pecho. A ese primer tiro le siguieron otros veinte. Rucci quedó tirado en el piso, con 23 disparos. Murió en el acto. Era el 25 de septiembre de 1973. El caso volvió a reactivarse hace cinco años y a fines de 2012, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la causa y profundizar la investigación. Los primeros testigos declararán ante el juez federal Ariel Lijo el 6 de mayo próximo. El abogado de derechos humanos Rodolfo Yanzón dijo a Infojus que ya “se probó que la muerte de Rucci no fue en el marco de la persecución política desatada desde el Estado”. “Es un capricho judicial”, remarcó. Yanzón es abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y querellante en una decena de causas de lesa humanidad, entre ellas la megacausa ESMA y la del Primer Cuerpo del Ejército.

El crimen de Rucci se investigó en su momento. Estuvo presente el Estado: la policía, un fiscal, un juez. No se avanzó y toda investigación fue cerrada y archivada en 1988, sin resultados. Las hipótesis sobre los autores del crimen fueron tres: la Triple A, Montoneros y hasta la CIA. Después de veinte años, en 2008, la Justicia decidió reabrir el caso a pedido de la familia de Rucci. Lo hizo en sintonía con la publicación del libro Operación Traviata, del periodista Ceferino Reato. El nombre se refiere a las galletitas Traviata, cuya publicidad decía: “La de los veintitrés agujeritos”. Reato dice que aportó tres datos con su investigación: que, el crimen fue organizado y realizado por Montoneros. Que se usaron recursos –autos, por ejemplo– del gobierno bonaerense a cargo en ese entonces de Oscar Bidegain. Y que el dirigente montonero Juan Julio Roqué fue el autor principal del asesinato, con la ayuda de otros dos militantes: MarceloMonra Kurlat y Héctor Arrue, Pablo Cristiano. Los tres están muertos.

Una vez reabierta, la causa recayó en el juez federal Ariel Lijo. Investigó durante casi cuatro años y en agosto de 2012 dio por probado que miembros de Montoneros y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) llevaron a cabo el operativo. No pudo identificar a quienes tomaron parte de la acción ni de la decisión. Y decidió archivar la causa: sostuvo que como no es un crimen de lesa humanidad, no puede continuar investigando. Porque está prescripta la acción penal. “Más que una autoría directa del crimen –o decisión de su ejecución– por parte de Montoneros, se trató de una asunción estratégica de su materialidad”, dijo el juez en su fallo de 123 páginas. La Cámara Federal no le dio la razón y, en la última semana del año, ordenó reabrir la causa. La Sala II del tribunal de apelaciones entendió que la decisión de Lijo fue “prematura”. Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzún ordenaron medidas de prueba tendientes a dar con los “autores materiales e intelectuales” y determinar “después el grado de inserción o pertenencia” que pudieron haber tenido en Montoneros.

En el primer pedido judicial, los hijos de Rucci, Aníbal y Claudia, reclamaron la declaración de 13 personas. Entre otros, Mario Firmenich, Raúl Perdía y Fernando Vaca Narvaja, líderes de Montoneros. También Ernesto Jauretche, Miguel Bonasso y Horacio González. El lunes 6 de mayo declarará como testigo Carlos Flaskamp, ex oficial montonero. Los abogados de Rucci quieren que hable sobre una entrevista que  dio en 2006 a la agencia “Rodolfo Walsh”. Allí dijo que se sabía que “la organización había hecho la operación. Fue así, no hubo una admisión pública”. “Tiempo más tarde supe que fue la Columna Oeste de la FAR, con el acuerdo de las conducciones de FAR y Montoneros.” El segundo en declarar será el periodista Ricardo Grassi, director de El Descamisado, el órgano oficial de Montoneros entre 1973 y 1975. Vive en Roma, así que se hará por teleconferencia. Grassi narró en una nota para Clarín y le dijo a Reato que el mismo día del crimen Firmenich se acercó a la revista y dijo: “Fuimos nosotros.”

“UNA DECISIÓN LAMENTABLE”

“La decisión de la Cámara fue realmente lamentable, pretendiendo que el juez mantenga una investigación que no da para más”, se quejó anteInfojus el abogado Rodolfo Yanzón. Y argumentó: “Ya se probó que la muerte de Rucci no fue en el marco de la persecución política desatada desde el Estado. Es un capricho judicial. Los querellantes insisten en la participación estatal. Insólitamente, a partir de la supuesta utilización de un auto estatal. Algo así como que si yo hoy robo el arma a un policía, y luego mato a mi vieja, es un crimen de lesa humanidad. Un verdadero dislate”.

Yanzón también criticó la estrategia judicial de los Rucci: “Piden que declaren como testigos los supuestos eventuales imputados. Esto nos puede indicar dos cosas: la primera, que a ellos mismos les queda claro que los citados no participaron de ningún modo en el crimen. La segunda: no entiendan nada de Derecho. No se puede llamar a declarar bajo juramento a quien puede ser sospechado de cierta participación.”

El abogado Miguel Ángel Plo representa a los Rucci. “Nosotros buscamos la verdad. Queremos demostrar que es un hecho de lesa humanidad. Consideramos que no correspondía el archivo de la causa, tal como había decidido el año pasado el juez Lijo”, explicó a Infojus.

-Lijo investigó durante cuatro años y dijo que no es un delito de lesa humanidad. ¿No cree que fallará en el mismo sentido?-preguntó Infojus.

-Puede ser. No lo sabemos. De todos modos, seguirá estando la Cámara para determinar si es o no delito -respondió el abogado.

La Cámara Federal ya dictaminó –en sintonía con fallos de la Corte Suprema– que las acciones de las organizaciones guerrilleras no pueden catalogarse como crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra. Al estar prescriptos, no pueden juzgarse hoy.

Aníbal y Claudia daban por sentado –al menos hasta 2008- que a su padre lo había asesinado la Triple A. Por eso, en 1998, cobraron la indemnización que la ley 24.411 consagra para los familiares de las víctimas del grupo de ultraderecha y del terrorismo de Estado.