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El Tribunal Oral Federal (TOF) que lleva adelante el juicio por la megacausa Arsenales II – Jefatura II, ratificó a los fiscales ad hoc en Derechos Humanos que intervienen en la causa. El defensor Cirnio Lo Pinto, que representa a varios imputados por delitos de lesa humanidad, había impugnado a los fiscales y a cinco defensores. En la causa hay 41 represores imputados.

Los fiscales confirmados por el Tribunal son Pablo Camuña y Patricio Rovira, que también impulsan otras causas por delitos de lesa humanidad. Los jueces Gabriel Casas, Juan Reynaga y Carlos Jiménez Montilla definieron que “los fiscales aquí intervinientes deben llegar hasta la conclusión del juicio", basándose en jurisprudencia de la Corte Suprema.

"Corresponde señalar en primer lugar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia 'De Martino, Antonio s/ su presentación', de fecha 14 de agosto de 2013, invocado por la Defensa, refiere a una situación diferente a la que se suscita en el presente caso", apuntaron los jueces. "A los fines de preservar el proceso y llegar a su término con una sentencia conclusiva corresponde mantener la composición actual de los integrantes del Ministerio Público", escribieron en su resolución.

"Es necesario compatibilizar el citado fallo del Alto Tribunal con la resolución de este Tribunal del 3 de mayo de 2013. Ello especialmente con relación al hecho de que la Corte dejó a salvo la validez de los actos cumplidos por la funcionaria cuestionada e hizo hincapié en las causas Barry y Rosza, en las que se pone énfasis en la seguridad jurídica en el sentido de evitar la prolongación indefinida de los procesos en desmedro de todas las partes".

La megacausa juzga los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención y exterminio arsenal Miguel de Azcuénaga, ubicado en la ruta 9, en las afueras de la capital tucumana. El centro empezó a funcionar en los primeros meses de 1976 y fue el más grande del noroeste argentino. El juicio, que empezó en mayo de este año, abarca a 97 víctimas, entre sobrevivientes y familiares de desaparecidos.

Empieza otro juicio

El juez Federal de Primera Nominación de Tucumán, Daniel Bejas, elevó a juicio la causa por la desaparición del conscripto santiagueño Germán Cantos López, secuestrado durante la última dictadura militar, con sólo 21 años. El único imputado en la causa es un el ex militar santiagueño, Jorge Alberto D’Amico, del Batallón 141.

A Germán Cantos López lo secuestraron en septiembre de 1976 cuando realizaba el servicio militar obligatorio. El fin de semana del 3 de septiembre fue retenido por sus superiores, que no lo dejaron retirarse, sin explicación. Germán se lo contó a un compañero por temor a lo que le pudiera ocurrir. Está desaparecido desde pocos días después.

Sobrevivientes del centro clandestino Arsenal Miguel de Azcuénaga, de Tucumán, contaron que vieron a Cantos López allí, así como a sus primos Anabel Cantos Sanabria y Luis Cantos Carrascosa, también se encuentran desaparecidos.

Según el requerimiento de elevación a juicio, al represor D’Amico se le imputan los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada”, “tormentos agravados”, “asociación ilícita” y “homicidio calificado triplemente agravado”.