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27-7-2014|17:30|Lesa Humanidad Nacionales
La querella busca incorporarla como causa a Campo de Mayo

Los desaparecidos de Grafa y la complicidad civil empresarial

En los´70, la empresa llevó a cabo una política de persecución contra la comisión interna. Familiares de 13 trabajadores de la empresa, desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, conformarán en los próximos días una querella para solicitar que la Justicia investigue ese caso como delito de lesa humanidad.

  • Adrián Ballestero y su familia
Por: Infojus Noticias

Familiares de 13 trabajadores de la empresa textil Grafa, desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, conformarán en los próximos días una querella para solicitar que la Justicia investigue ese caso como delito de lesa humanidad, en el marco de la Megacausa de Campo de Mayo.

Alejandra Ballestero -hija de Adrián, delegado de base de Grafa-, militante de la Agrupación Hijos, reunió, después de varios años, información que le permite impulsar la apertura de una investigación para conocer qué pasó con su padre en los tiempos del terrorismo de estado. "Junto con otros familiares estamos trabajando para que se comience a investigar qué pasó con los 13 trabajadores que desaparecieron en Grafa. Creemos que estamos ante un claro caso de complicidad civil empresarial con la represión ilegal", sostuvo Ballestero en diálogo con Télam.

Adrián Ballestero -apodado por sus compañeros como el Negro Víctor- tenía 42 años, era obrero textil e integraba la comisión interna de Grafa en 1976, una firma perteneciente al grupo Bunge & Born en cuya planta, ubicada en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, trabajaban 3.000 empleados. "Mi viejo militaba en la Juventud Trabajadora Peronista (la JTP, el brazo gremial de Montoneros) y con la lista blanca habían ganado en 1975 las elecciones en Grafa. Eran una agrupación opuesta a la conducción del sindicato textil que encabezaba Casildo Herrera", repasa Alejandra.

La empresa llevaba a cabo una política de persecución contra la comisión interna, y tres de sus integrantes habían sido denunciados por la patronal en el contexto del estado de sitio que había impuesto el gobierno constitucional de Isabel Perón. Miguel Bampini (actualmente concejal del Frente para la Victoria en La Matanza), Francisca Gonzales y Lalo Carabajal, activistas sindicales de la tendencia revolucionaria, fueron detenidos antes del golpe de estado de marzo de 1976.

Tras la detención de los tres delegados por parte de las fuerzas de seguridad, los trabajadores realizaron medidas de fuerza en la planta; se movilizaron al Congreso, al Ministerio de Trabajo y lograron que sus compañeros fueran legalizados por el gobierno. "Después del secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, en 1974 por parte de Montoneros, la patronal intensificó acciones contra los gremios en todas las empresas del grupo. Pero lo peor iba a venir después del golpe de 1976", sostiene Alejandra, que tiene 46 años y vive en el partido de Moreno.

Tras el golpe que derrocó a Isabel Perón, la patronal les exigió a sus trabajadores, bajo amenaza de despido, que
completaran un formulario en el que dieran cuenta del recorrido que hacían antes y después de entrar a trabajar.
Se cree que esa información se utilizó para que las fuerzas represivas secuestraran a los trabajadores sindicados por la patronal. "Hay testimonios de familiares de ex compañeros de mi padre que vieron en el playón de la fábrica vehículos que luego participaron en procedimientos que se llevaron a cabo contra estos trabajadores", precisó.

Alejandra se refiere al caso del militante de la JTP José Valentich, raptado en la puerta de su casa, en Moreno, y trasladado en un auto que su esposa, Eva, vio días después en el estacionamiento de Grafa. A Víctor Ballestero lo capturaron cuando salía a trabajar y aunque se resistió al grupo de tareas que lo apresó, no logró evitar su caída, que se produjo el 24 de septiembre de 1976.

Desde entonces, nada se supo sobre su paradero, hasta que un pariente del obrero Víctor Godoy -que también soportó el cautiverio y la tortura, pero que luego fue liberado- declaró que estuvo prisionero en Campo de Mayo. Por eso, los familiares creen que el destino final de los obreros de Grafa puede haber sido ese centro clandestino de
detención manejado por el Ejército.

Los militantes de la JTP Cirilo Zalazar; Rodolfo Ponce; Rito Bustamante; Carlos Veyra; René ‘el Chileno’ Moscoso; Antonio Romero; José Cortez; Gaspar Lovey; Oscar Furman (médico de Grafa visto en la ESMA); y Claudio Gómez, quien pertenecía al ERP, son otros de los desaparecidos de Grafa, secuestrados entre agosto y diciembre del ‘76.

Con toda esta información, los familiares, que cuentan con la asistencia de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Moreno, pretenden presentar una denuncia ante los Tribunales de San Martín, donde se tramita la Megacausa de Campo de Mayo.

En la etapa actual del proceso, se analiza la responsabilidad civil empresaria que existió en la desaparición de trabajadores de los astilleros Astrasa; de la automotriz Ford y de las cerámicas Cattaneo y Lozadur, empresas todas ubicadas en la zona norte del GBA.

La causa de los trabajadores de Grafa se emparenta con la investigación que instruye el juez platense Huberto Blanco por la desaparición de 22 obreros de la aceitera Molinos de Avellaneda, otra empresa del grupo Bunge y Born.
"Creemos que en los dos casos existe un mismo proceder por parte de este grupo económico, que como patronal tuvo una actitud persecutoria y entregadora de sus trabajadores. Creemos que es tiempo de hacer justicia", puntualizó Alejanda.