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7-6-2015|15:00|Justicia Nacionales
Una especialista en derechos humanos

"Los juicios de lesa humanidad son una inspiración para Sudáfrica"

La activista anti apartheid Janet Love, directora nacional del Centro de Recursos Legales de Sudáfrica, dialogó sobre la relación entre poder económico y derechos humanos y el acceso a la justicia de los sectores vulnerables. "Tomamos a Argentina como una gran inspiración acerca de los diversos caminos en la justicia civil y penal", dijo.

  • Leo Vaca
Por: Sebastián Ortega

“Es importante realzar el coraje que tuvo la gente para luchar por la justicia. Es una inspiración para nosotros en Sudáfrica”, dijo la activista anti apartheid Janet Love sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en el país. La directora nacional del Centro de Recursos Legales (LRC, por sus siglas en inglés), el mayor organismo y clínica jurídica de derechos humanos del país africano, dialogó con Infojus Noticias sobre el proceso de memoria, verdad y justicia, la relación entre poder económico y derechos humanos y el acceso a la justicia de los sectores vulnerables.

Desde 1974, Janet Love luchó contra la segregación racial en su país. Vivió una década en el exilio y, a su regreso, cuatro años en la clandestinidad. Durante esos años militó en el Consejo Nacional Africano, el partido que llevó a Nelson Mandela al poder en 1994. Como directora del LRC participó del encuentro de la Red Internacional de Organizaciones de Derechos Civiles (INCLO por su sigla en inglés) en Buenos Aires, del que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue anfitrión.

-¿Cuáles son los aportes del activismo anti apartheid en la lucha por la defensa de los derechos humanos en el mundo?

-El aporte fue enorme. La lucha anti apartheid logró mucho apoyo, solidaridad y alianzas alrededor del mundo. También logró ser muy creativo en las formas en las que operaba. Todo el trabajo que hicimos de concientizar a la gente en Sudáfrica y en el mundo sobre lo que estaba pasando fue muy importante para crear un cambio en la opinión pública. Utilizando los instrumentos internacionales, boicots, presiones internas, logramos conseguir muchas cosas. Eso lo vemos reflejado hoy en el mundo. Hicimos entender que no es solo un tema sudafricano sino que refiere a la desigualdad y la represión en todo el mundo. No creo que la constitución que tenemos hoy en Sudáfrica hubiera sido la misma si no fuera por toda la lucha anterior.

-Uno de los temas más destacados que trabaja el LRC es la relación entre derechos humanos y poder económico, ¿cuáles son los derechos que violan las corporaciones y de qué manera lo hacen?

-La constitución sudafricana es bastante amplia en cuanto a los derechos que reconoce: una gran variedad de derechos políticos, ambientales y civiles, y tiene previsiones legales que permite aplicarlas horizontalmente a las empresas. Como resultado tenemos muchas leyes que imponen obligaciones de actuar de determinada manera a las compañías. Entonces cuando hablamos de transgresiones al marco normativo no solamente hablamos de violación a la constitución sino también a leyes de rango inferior. En nuestro país las comunidades son desplazadas por las corporaciones y utilizadas para emprendimientos de latifundios, grandes emprendimientos comerciales, construcciones e industrias extractivas. Las comunidades se tienen que mudar y no están capacitadas para reclamar. La principal forma de abuso es el derecho a la consulta: no se los consultan acerca de las actividades que pueden realizarse en las tierras en las que viven hace mucho tiempo. Tampoco se respeta el derecho a poseer la tierra, a mantenerse en el lugar que habitó su comunidad. Otro aspecto tiene que ver con el ambiente: contaminación del agua, del aire. Nosotros, desde el LRC llevamos algunos casos que tienen que ver con industrias que contaminan estos recursos naturales.

-¿Qué capacidad tienen los sectores vulnerables de acceder a la Justicia?

-En Sudáfrica existe la posibilidad de que la gente recurra a un consejo legal proporcionado por el Estado. Pero hay muchas limitaciones. No puedo dar un ejemplo concreto en el que este tipo de ayudas hayan sido verdaderamente efectivas. La gran mayoría de los casos la responsabilidad de tomar esos casos y de ayudar a que se haga justicia caen sobre organizaciones como el LRC.

-¿El poder económico saca provecho de esa dificultad de acceder a la justicia?

-Sí, por supuesto. Para dar un ejemplo, en este momento tenemos un caso de la contaminación producida por el silicio, cuando los mineros respiran los productos químicos de una mina de oro. Representamos a un grupo de trabajadores que tienen enfermedades crónicas a causa de haber inhalado el silicio. Nuestra incidencia está limitada por los escasos recursos con los que contamos. Nos llevó once años llegar a un arreglo judicial con la empresa minera más grande y en esos once años, en el marco de todo el proceso judicial, tuvimos que revisar más de 250 mil documentos legales. Esto frente a una compañía que tiene su propio equipo jurídico interno y que puede pagar muchos abogados privados. Como fue un acuerdo extrajudicial eso implicó que no pueda sentar un precedente de estándar judicial. Ahora estamos con una acción de clases, que tenga efectos para todos. Lleva mucho trabajo, pero es necesario que se siente un precedente.

-Un caso emblemático en Sudáfrica fue la masacre de 34 mineros que protestaban por mejores condiciones de trabajo, ¿cuál fue la respuesta de la Justicia en ese caso?

-Se creó una comisión investigadora que hizo un reporte que aún no es público. El informe dirá lo que ocurrió. El LRC representa a los familiares de las víctimas de la masacre. El Estado tuvo una participación en los hechos: en primer lugar, por no aplicar los estándares de protección que la ley sudafricana establece. Además, creemos que algunos policías tienen que ser juzgados por homicidios, porque tenemos evidencia que le dispararon por la espalda a los mineros. Y en tercer lugar, está claro que algunos miembros de la policía se deshicieron de la evidencia. Deben ser juzgados por obstrucción de la justicia y encubrimiento. Hay evidencia sobre la influencia política en las órdenes que recibió la policía, que actuó de esa manera, y también recibimos testimonios que cuentan que la compañía de seguridad privada de la mina facilitó el lugar a la policía para que realice interrogatorios ilegales, sin ningún tipo de garantías.

-¿Qué importancia tienen este tipo de comisiones investigadores?

-Sirve para reunir la prueba, la evidencia, que después deberá ser llevada ante un juez, que es quien va a decidir. Además sirve para analizar la información que permita entender las causas de la masacre. Cualquiera será el resultado del proceso judicial, el trabajo de la comisión ha sido útil para poner sobre la mesa toda la evidencia recolectada. Pero es cierto que no pudo realizar el análisis de las causas de lo sucedido.

-En Argentina hubo un caso emblemático generado a partir de la toma del Indoamericano, donde las fuerzas de seguridad reprimieron y causaron tres muertos, ¿cree que es importante que la Justicia avance sobre las responsabilidades?

-Totalmente, el Estado no solamente debe asegurar que la policía actúe correctamente sino también debe garantizar derechos sociales y civiles para que la gente no tenga que involucrarse en toma de parques. El Estado debe asegurar el derecho de la gente a la libertad de expresión, a hacer huelga. Y tiene que garantizar que las personas que trabajan para una empresa puedan mantener su salud y tiene la obligación de que sus leyes sean cumplidas por las compañías que actúan. Todos esos ejemplos son problemas que están en estos casos.

-¿Se dificulta el acceso a la Justicia para los sectores más vulnerables?

-Hay mucha desigualdad. Si tenés cinco abogados estás en ventaja.

-¿Qué opinión le merece el avance de los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en Argentina?

-Tengo poca información, pero realzo el coraje que tuvo la gente para luchar por la Justicia. Es una inspiración para nosotros en Sudáfrica. Porque si bien tuvimos un proceso de justicia, que fue a través de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ese proceso supuestamente nunca debía limitar la atribución de responsabilidades a las cortes, pero la realidad es que el Estado falló en presionar para que esos procesos judiciales tuvieran lugar. La gente en Sudáfrica toma a Argentina como una gran inspiración acerca de los diversos caminos en la justicia civil y penal, que se pueden tomar para cumplir el objetivo de que haya justicia completa. Es una gran parte del trabajo en conjunto que tenemos el LRC y el CELS.

SO/JMM

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