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El gobierno de la ciudad de Buenos Aires se resiste a aplicar la ley de protección de testigos de causas de lesa humanidad, sancionada por la Legislatura porteña en 2009. Tenía 60 días para reglamentarla, pero pasaron cuatro años hasta que, en 2012, la Justicia le ordenó que lo hiciera. El gobierno apeló, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la decisión. Este mes, el gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad y busca un fallo a su favor en el Tribunal Superior de Justicia porteño.

En mayo de 2012, el juez Juan Vicente Cataldo ordenó al gobierno porteño reglamentar la ley en el plazo de 20 días, aduciendo que “la reglamentación no es una facultad optativa de la administración”. Lo hizo a raíz de una presentación de Carlos Pisoni, integrante de la agrupación HIJOS y testigo en causas de lesa humanidad (hoy subsecretario de Promoción de los Derechos Humanos) y del Observatorio de Derechos Humanos (ODH). Adujeron que la falta de reglamentación de la ley, votada en la Legislatura por la misma fuerza política a la que pertenece Mauricio Macri, no era otra cosa que un “veto encubierto”.

El gobierno apeló la decisión: pidieron un plazo mayor y no pagar las costas. La causa llegó a la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que el 26 de junio de este año rechazó la apelación. La sentencia está firmada por los jueces Horacio Corti y Hugo Zuleta, que señalaron un “claro incumplimiento de la ley por parte de la administración”.

Este mes, el gobierno porteño, que todavía no reglamentó la ley, presentó un recurso de inconstitucionalidad aduciendo que el fallo viola la división de poderes. Apuntan a que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad les dé la razón, y así postergar indefinidamente la reglamentación de la ley de protección a testigos.

“Es increíble que no hayan acatado el fallo”, dijo a Infojus Noticias  Demian Konfino, abogado del Observatorio de Derechos Humanos (ODH). “La misma fuerza política que gobierna la ciudad, votó la ley en la Legislatura. En marzo de 2009 tenía que estar reglamentada. Nosotros hicimos un expediente administrativo en su momento, con el que no pasó nada, y hoy tenemos fallos de primera y de segunda instancia. Hay una interna entre la Subsecretaría de Derechos Humanos porteña y el jefe de gobierno, que se tiran la pelota”, explicó Konfino.

“Sería inexplicable el incumplimiento, si no hubiera una profunda cuestión ideológica del gobierno porteño en contra del proceso de memoria, verdad y justicia”, consideró el abogado. “Al Tribunal Superior de Justicia le va a ser muy difícil apartarse de las sentencias de autos, porque están muy bien fundadas. Ambos fallos son contundentes en contra de lo que opina el Gobierno de la Ciudad”, evaluó Konfino.