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La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza pidió que la justicia argentina dicte la prisión preventiva del ex juez Otilio Romano una vez que llegue al país desde Chile, luego de que la Corte chilena concediera la extradición.

"Tan pronto el imputado sea puesto a disposición de la justicia argentina y una vez cumplidos los actos procesales pertinentes, [solicito] se clausure la instrucción y se eleven las actuaciones a juicio", requirió la fiscal general subrogante Patricia Santoni.

La presentación, según informó Telam,  fue formulada ante el Juzgado Federal 1 de Mendoza, a cargo de Walter Bento, donde tramita la causa que se le sigue al ex camarista federal por su participación durante la última dictadura como fiscal federal en graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos.

La fiscalía mendocina informó que Romano fue notificado el jueves de la resolución de la Corte Suprema trasandina -que dispuso su extradición- y que se ordenó su "detención domiciliaria total".

Según fuentes judiciales, Romano sería entregado en el Aeropuerto de Santiago de Chile a representantes de Interpol Argentina para su traslado a Mendoza.

Romano se encuentra prófugo en Chile desde septiembre de 2011, pocos días antes de que concluyera el jury de enjuiciamiento que los destituyó del cargo.

Una vez que llegue a la Argentina, Romano deberá afrontar la acusación en un debate oral y público por 98 crímenes cometidos mayormente desde su función de fiscal federal, aunque por la ley vigente entonces también ejerció en algunos casos como juez subrogante.

Romano está imputado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas y por durar más de un mes, y por allanamiento ilegal, que se desagregan de la siguiente forma: 34 corresponden a personas que continúan desaparecidas; otros 26 casos de privaciones ilegales de la libertad; 26 casos de torturas; un allanamiento ilegal; y un caso en el que se le imputa no haber promovido la persecución penal cuando debía hacerlo.

Este último hecho no ocurrió durante la dictadura sino con plena vigencia del estado de Derecho, cuando Romano omitió investigar la sustracción de una hija de desaparecidos, delito que estaba exceptuado de la impunidad que garantizaban para otros crímenes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.