Infojus Noticias

El juez Julián Ercolini pedirá libros e inventarios a la empresa Papel Prensa y ordenará un estudio técnico a peritos del Tribunal de tasadores de la Nación y del Poder Judicial. Es en el marco de la investigación que busca determinar si hubo delitos de lesa humanidad en el traspaso accionario de la empresa productora de papel a Clarín, La Nación y La Razón, durante la última dictadura cívico-militar.

La semana pasada declaró la viuda del banquero David Graiver, Lidia Papaleo, quien también es querellante en la causa. En sus declaraciones contó que después de la muerte de su marido en un accidente de avión en 1976, empezó a recibir amenazas y presiones para vender Papel Prensa. Según relató, le habían dicho que “debían vender todo porque estaban mal vistos por las fuerzas” del gobierno,  a “gente que fuera argentina y que no fueran judíos”. Papaleo aseguró que conoció al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y a Bartolomé Mitre en la sede de La Nación, el día de la firma del traspaso de las acciones.

Papaleo contó también que fue secuestrada por un grupo de tareas en marzo de 1977, y que en la sala de torturas la obligaron a firmar documentos incriminando a su marido y a otras personas. En abril del mismo año fue secuestrado Rafael Ianover, antiguo integrante del directorio de Papel Prensa y mano derecha de David Graiver. En marzo de 1976 había sido secuestrado Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia.

En la causa el juez Ercolini investiga presuntas "maniobras y acciones extorsivas dirigidas por funcionarios del último gobierno de facto y de personas vinculadas a la sociedad civil contra los integrantes del grupo Graiver, con el fin de desapoderarlos de la participación accionaria que detentaran en la sociedad Papel Prensa" según se leyó al inicio de la primera declaración. El juez deberá determinar, además, si el traspaso accionario se hizo a “precio vil”. Papaleo sostiene que sólo se pagaron siete mil dólares del precio total de un millón.

La causa se inició en marzo de 2010, cuando el Estado nacional denunció penalmente a los dueños y directivos de Clarín, La Nación y La Razón, así como a integrantes de la Junta Militar y a funcionarios civiles de la dictadura. En un primer momento estuvo a cargo del juez Rafecas, quien consideró que los delitos investigados formaban parte del “Circuito Camps” y la remitió a La Plata. Luego regresó al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, en manos de Ercolini.

En diciembre de 2012 el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martn Fresneda, presentó un pedido de “pronto despacho” al juez Ercolini, solicitando la citación de testigos y la incorporación de pruebas a la causa, que se encontraba paralizada. La Secretaria de Derechos Humanos  es querellante en la causa, así como Rafael Ianover. El 6 de junio pasado Ercolini aceptó como querellante a Lidia Papaleo.

Papaleo fue la primera en declarar, el 13 de junio pasado. Estuvieron presentes el abogado defensor de Magnetto, Hugo Wortman Jofre; Alejandro Pérez Chada, por su cliente Bartolomé Mitre; Pablo Jacoby por Ernestina Herrera de Noble y el patrocinante de Papaleo, Héctor Rodriguez. También asistieron ese día los tribunales de Comodoro Py Luis Alén, por la Secretaría de Derechos Humanos, y el fiscal Eduardo Taiano.