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El “Pozo de Quilmes” funcionó en las instalaciones de la Brigada de Investigaciones y fue uno de los centros clandestinos más importantes del denominado "Circuito Camps". Entre noviembre de 1975 y marzo de 1979, pasaron 175 víctimas. Ahora volvió a estar en el centro de la escena: los fiscales generales de La Plata, Marcelo Molina y Hernán Schapiro requirieron la elevación a juicio de 16 represores por crímenes de lesa humanidad y genocidio. “Entre los imputados hay trece ex militares, el abogado y ex ministro del Gobierno bonaerense Jaime Smart, el ex comisario Miguel Etchecolatz y el médico Jorge Bergés. Eso explica la singularidad de este centro clandestino, que pertenecía a la policía bonaerense pero donde también operaron las fuerzas militares. La otra particularidad es que allí hubo repercusión del Plan Cóndor, con víctimas internacionales”, dijo el fiscal Hernán Shapiro a Infojus Noticias.

La expectativa de la fiscalía es que la causa se integre a otras que son parte del mismo circuito. “Nuestra intención es que el Pozo de Quilmes no sea un expediente aparte, sino que se sume a la de Brigada de San Justo y a la Brigada de Banfield, que ya terminaron la etapa de instrucción. Buscamos que se configure una megajuicio al estilo de ´La Cacha´. La idea es unificarlas en una sola”, explicó el fiscal.

Según informó Fiscales, la presentación fue formulada al juez subrogante a cargo del Juzgado Federal N°3 de La Plata, Jorge Di Lorenzo, quien ahora deberá dar traslado a la defensa de los imputados y luego elevar el expediente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa jurisdicción. Los acusados son investigados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de 10 años. Todos los hechos son entendidos como actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Como otras causas, el contexto de un plan sistemático perpetrado por la dictadura.

Además de Smart, Etchecolatz y Bergés, nueve de los imputados actuaron en el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, una casona platense de principios de siglo, cerrada con un candado y con los vidrios rotos que fue señalizado como sitio de memoria. Ellos son: Antonio Herminio Simón, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Anselmo Pedro Palavezzati, Ricardo Armando Fernández, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón, Gustavo Adolfo Cacivio, Miguel Ángel Amigo y Roberto Armando Balmaceda.

Por otra parte, también están acusados el ex subjefe policial, Rodolfo Aníbal Campos; el ex segundo comandante del Cuerpo I del Ejército, Jorge Carlos Olivera Róvere; el ex segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería X del Ejército, con sede en La Plata, Héctor Humberto Gamen; y el ex jefe del Batallón Depósitos de Arsenales 601, Eduardo Samuel De Lío.

Las etapas del circuito represivo

El "Pozo de Quilmes" fue uno de los centros clandestinos sobre los que más se indagó en los juicios realizados en los '80 a las juntas militares y al equipo represivo encabezado por el jefe policial Ramón Camps. Entre otros casos, se comprobó que permanecieron secuestrados algunos de los jóvenes estudiantes secundarios de la denominada "Noche de los Lápices". También entonces se determinó que en 1977 y 1978 actuaron en el lugar representantes de las fuerzas armadas uruguayas, en el marco de la Operación Cóndor: "Ingresaban miembros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas del Ejército Uruguayo –O.C.O.A.- que eran los encargados de tratar con un numeroso grupo de detenidos clandestinos de nacionalidad uruguaya, a quienes, entre otras cosas, interrogaban", dijeron Molina y Schapiro.

En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales detallaron varias etapas. En primer lugar, desde agosto de 1975 funcionó como lugar de detención de prisioneros clandestinos –la mayoría, presos políticos- antes de comenzada la dictadura. Luego del golpe del ’76, se dio una continuidad como centro clandestino de detención.

Hasta el 31 de diciembre de aquel año se reconoció el funcionamiento de una brigada policial, pero a partir de enero de 1977, el lugar "permaneció a disposición de la autoridad militar". El “Pozo de Quilmes”, en efecto, funcionó a partir de allí con una división de tareas: el Ejército se encargaba de realizar controles y practicar interrogatorios, y la policía hacía las guardias.

Después del ´77, hubo un traslado masivo de oficiales para reforzar la represión. Los verdugos también lo llamaron como “Puesto Malvinas” u “Omega”. A comienzos de 1979, y como consecuencia de una interna militar en el Cuerpo I del Ejército, el centro clandestino recibió nueve prisioneros procedentes de El Atlético, El Banco y El Olimpo. Ese hecho no habría pasado desapercibido: una facción le habría ocultado los desaparecidos a otra.

Las condiciones de detención fueron feroces. "La violencia sexual y la desnudez forzada ejercida sobre los detenidos de sexo masculino, ejecutada con la intención de feminizarlos, conllevó para éstos una humillación particular, adicionada al resto de los tratos inhumanos y degradantes proferidos por los captores", destacaron los fiscales.

Los próximos juicios

Para Shapiro, la causa por el “Pozo de Quilmes” no es ajena a un movimiento activo en casos de delitos de lesa humanidad en la región bonaerense. A modo de balance, dijo que “fue año muy intenso y productivo, y para el año que viene la idea es hacer la mayor cantidad de juicios. Existen muchos expedientes, algunos más chicas, otros más medianos, y están los megajuicios como ´La Cacha´. Tenemos alrededor de cinco causas nuevas que esperan tratamiento en 2015”.

En este sentido, concluyó que por el juicio de lesa en Junín –donde está implicada la Sociedad Rural- “se espera que los alegatos y la sentencia ocurran en febrero”. Entre los casos más resonantes, destacó la causa “Escuela Naval”, en el que se juzgará el accionar de la Marina en el Polo Industrial de La Plata. “Será un antes y un después en entender cómo funcionó la Armada en los circuitos represivos de la capital bonaerense, que aún no fue juzgada. Está el rol central de la fuerza de tareas 5 de la Marina. Y complicidad empresarial también tiene un componente central”, explicó Shapiro.

La zona del puerto es uno de los enclaves fabriles clave de la región. Forma parte del cordón industrial bonaerense –incluye a Berisso, Ensenada y el río Santiago- y allí se concentran, además del tráfico de aduana, grandes industrias como YPF, Astilleros Río Santiago, IPAKO, Propulsora Siderúrgica y Petroquímica Mosconi. En los ´70, había aproximadamente entre 15 y 20 mil trabajadores. Muchos de ellos fueron perseguidos y secuestrados en centros clandestinos de la Armada. De la investigación se desprende otro dato revelador: mientras la dictadura cívico militar benefició a algunas empresas –como Propulsora Siderdúrgica, del Grupo Techint- persiguió duramente a los trabajadores sindicalizados.