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La Unidad Fiscal de La Plata solicitó que vayan a juicio oral, por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “Pozo de Quilmes”, diez acusados, nueve de los cuales ya esperaban el inicio del debate, y sumaron al ex teniente Ricardo Luis Von Kyaw, detenido en Panamá el año pasado, tras permanecer prófugo durante más de cuatro años.

El pedido fue realizado por los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, junto al fiscal ad–hoc Juan Martín Nogueira, informó el Ministerio Público Fiscal. Este nuevo requerimiento, que se suma al que ya espera fecha de inicio de debate, alcanza a diez imputados, entre los que se encuentra quien estuviera prófugo durante más de cuatro años hasta que fue detenido en Panamá en junio de 2014: Ricardo Luis Von Kyaw.

La nómina de los acusados se completa con el ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, durante la última dictadura, Jaime Lamont Smart; el condenado ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el médico y comisario retirado, Jorge Antonio Bergés; y los ex militares Gustavo Adolfo Cacivio, Rodolfo Aníbal Campos, Ricardo Armando Fernández, Héctor Humberto Gamen, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Anselmo Pedro Palavezzati.

El escrito enumera un total de 125 víctimas de delitos como privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad. Los fiscales precisaron en su pedido que los hechos que irán a juicio “fueron cometidos por funcionarios civiles, militares, policiales, en el marco del plan criminal ideado y ejecutado desde el aparato del Estado por la última dictadura cívico-militar (1976-1983)”.

El “Pozo de Quilmes” fue uno de los centros clandestinos de detención más importantes del denominado “circuito Camps” durante la represión ilegal en la zona sur del conurbano bonaerense y funcionó en las instalaciones de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, ubicada en la esquina de Allison Bell y Garibaldi, donde hoy se erige la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de ese distrito.

Los integrantes de la Unidad Fiscal de La Plata reiteraron que las víctimas, secuestradas entre septiembre de 1976 y abril de 1978, permanecían detenidas “con las manos atadas, siendo provistas de alimentos en forma deficiente y de manera humillante, sometidas a torturas bajo la aplicación de la picana eléctrica, submarino, golpes, simulacros de fusilamiento, escuchando el sufrimiento de otros compañeros de cautiverio”.

Télam/LL