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Los jueces federales de Corrientes Zunilda Nirenperger y Carlos Soto Davila ordenaron exhumar en los próximos días los restos de dos dirigentes de las Ligas Agrarias del nordeste asesinados durante el terrorismo de Estado en la última dictadura. Los magistrados intentan establecer con las exhumaciones si los referentes campesinos Carlos Servando Picoli y Raúl Gómez Estigarribia fueron ejecutados en "enfrentamientos" fraguados por los represores, tal como plantea la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal del Chaco. 

Las pericias estarán a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que analizará en las morgues de esas localidades los restos en busca de heridas de armas de fuego en huesos, fracturas, otras lesiones y proyectiles. Según la versión oficial de la dictadura, ambos líderes campesinos murieron en supuestos "enfrentamientos", pero los fiscales Carlos Amad y Diego Vigay, de la Unidad de Derechos Humanos del Chaco, sostienen que debe investigarse la hipótesis de las ejecuciones. El primer procedimiento se realizará el lunes 4 de mayo, mientras que el segundo será el miércoles 6.

Según los representantes del Ministerio Público, hay indicios que llevan a pensar que los supuestos combates fueron fraguados y que los líderes campesinos fueron fusilados por los represores, metodología ya empleada, como quedó demostrado en el juicios por la Masacre de Margarita Belén y en la investigación del homicidio de Pablo Martinelli, unos días antes.

En el caso de Gómez Estigarribia, existe el testimonio de un compañero que lo llevó en una camioneta hasta el lugar donde fue emboscado, que aseguró que Raúl se encontraba desarmado. Por su parte, Picoli fue al parecer asesinado por la noche en un camino vecinal de la zona rural de Presidencia Roque Sáenz Peña, en un retén policial.

Docente rural correntino y dirigente campesino, Gómez Estigarribia murió en febrero de 1977 en la localidad de Corzuela bajo el fuego de un grupo de tareas integrado por militares de distintas fuerzas a cargo del oficial de inteligencia José Tadeo Betolli.

Por su parte, Picoli, que era agricultor y dirigente de los Centros Juveniles Agrarios, fue asesinado por agentes de la policía del Chaco en la zona rural de Sáenz Peña en 1979.

En el caso de Margarita Belén y en el homicidio de Martinelli, la tarea del EAAF permitió precisar que las heridas de arma de fuego indicaban que las víctimas fueron fusiladas y que los certificados de defunción firmados por los médicos policiales contenían información falsa para ocultar que se trató de ejecuciones.

Télam/JMM