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11-11-2013|16:08|Lesa Humanidad MendozaProvinciales
En el Tribunal Oral en lo Criminal Federal provincial

Mendoza: no empezó un juicio porque el represor “se siente confundido”

Se trata del ex teniente coronel Enrique Blas Gómez Saá. Hoy iba a empezar a ser juzgado por las detenciones ilegales y torturas de Oscar Guidone, Roberto Vélez y Martín Lecea. Pero su abogado presentó un certificado médico de “síndrome confusional”. Le harán pericias médicas y el juicio comenzaría en los próximos días.

  • Los jueces Alejando Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade.
Por: Natalia Biazzini

El debate procesal tenía que comenzar esta mañana, pero se frustró porque el abogado del único imputado, el ex teniente coronel Enrique Blas Gómez Saá, presentó un certificado médico de “síndrome confusional” para excusarse. Hoy le harán pericias médicas y el juicio podría comenzar en los próximos días. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza tenía previsto juzgar a Gómez Saá por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar. En el juicio se tratarán las detenciones ilegales y torturas de Oscar Guidone, Roberto Vélez y Martín Lecea. 

“Fuimos con el tribunal hasta el Hospital Español para comprobar si el imputado fingía o si realmente estaba estresado. Dice que no se acuerda quién es, dónde está. Lo verán peritos médicos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza”, contó a Infojus Noticias el abogado querellante Pablo Salinas.

Los jueces Alejando Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade retomarán los hechos ocurridos en 1976, en la Compañía de Comunicaciones de Montaña Nº 8.

Gómez Saá formó parte de la División de Inteligencia -G2- de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, de la sub zona 33, del III Cuerpo de Ejército, comandado por el multicondenado Luciano Benjamín Menéndez. Fue reconocido por varios testigos  como integrante del aparato ilegal. Incluso su propio jefe, Orlando Dopazo, en una declaración informativa aportada en 1986, lo señaló como miembro de Inteligencia bajo sus órdenes con el puesto de oficial jefe auxiliar.

El militar se encontraba en plenas funciones cuando el 8 de agosto de 1976 fueron detenidos Vélez y Lecea (fallecido), por esos días miembros del Partido Comunista.

Lecea y Vélez militaban en el Partido Comunista y fueron detenidos en el marco del mismo operativo militar. Vélez era estudiante de ciencias políticas, tenía 25 años y un hijo cuando fue el operativo. Lecea tenía 40 años cuando fue secuestrado, era corrector en una imprenta y tenía actividad gremial. La madrugada del 9 de agosto de 1976 militares los detuvieron a ambos en la intersección de Patricias Mendocinas y Echeverría, cerca de la casa de Vélez. Estaban en un Jeep  que fue robado después por las fuerzas.

Los llevaron a la Seccional 34 donde fueron torturados. Los militares llevaron a Lecea hasta su propia casa para realizar un allanamiento. Días después los soltaron.

Dos meses antes fue detenido Guidone, a los 26 años. Estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Cuyo y militaba en barrios humildes. El 2 de junio de 1976 los militares irrumpieron en su casa y se lo llevaron secuestrado hasta fines de septiembre en la Compañía de Comunicaciones. Ahí fue torturado y recibió simulacros de fusilamientos. Debido a los violentos golpes sufrió una lesión en el bazo por lo que fue operado de urgencia en el hospital Militar. Luego de 20 días de convalecencia, lo hicieron volver a la tortura. Después lo trasladaron a la Unidad 9 de La Plata y salió en libertad en agosto de 1978.

La Compañía de Comunicaciones aún sigue ubicada sobre Boulogne Sur Mer, próxima al Hospital Militar. Fue utilizada por el Ejército como LRD (Lugar de Reunión de Detenidos). Lo ocurrido en el predio tomó estado público durante el primer juicio realizado en la ciudad de Mendoza.

Los organismos de derechos humanos pidieron hoy al tribunal que se fije fecha para la megacausa. “La Justicia federal es la que debe acumular las causas ya listas para ser tratadas y fijar una fecha cierta de inicio de debate”, dijo Salinas, abogado querellante. El expediente reúne a más de cien víctimas y alrededor de cuarenta procesados. 

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