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7-6-2015|14:00|Lesa Humanidad Buenos AiresProvinciales
Organismos de derechos humanos y fiscales denuncian un pacto de impunidad

No leyó, no chequeó, no investigó: cómo se frenan las causas en Bahía

Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani dieron a conocer un documento revelador. Allí nombran múltiples irregularidades de cómo el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez pone frenos a la investigación. Las acusaciones son gravísimas: dicen que el juez no chequeó apellidos, que confundió fechas, que pidió pesquisa sobre hechos de otras jurisdicciones y que no dio cauce a los verdaderos.

  • El fiscal Miguel Angel Palazzani, de la Unidad Fiscal de DDHH de Bahía Blanca. Sol Vaquez
Por: Juan Manuel Mannarino

Cuando se habla de “maniobras dilatorias”, de “obstrucciones” y de “desviaciones”, los organismos de derechos humanos de Bahía Blanca saben de quién desconfiar. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, que investigan crímenes de lesa humanidad, dieron a conocer un documento revelador. Allí nombran múltiples irregularidades de cómo el juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez pone frenos a la investigación. Las acusaciones son gravísimas: dicen que el juez no chequeó apellidos, que confundió fechas, que pidió pesquisa sobre hechos de otras jurisdicciones y que no dio cauce a los verdaderos. “Por un lado, nos manda a investigar casos que ya investigamos o que no pertenecen a Bahía. Eso genera la falsa sensación de un efecto colapso, porque en la fiscalía se acumulan esos pedidos. Y, por otro, no da lugar a los casos reales, y las causas no avanzan. Denunciamos que es algo deliberado, que es una decisión política para sostener la impunidad”, dijo José Nebbia a Infojus Noticias. La fiscalía informó que, desde la apertura de los juicios hasta el presente, se comprobó que hubo 606 víctimas del Terrorismo de Estado, con 101 imputados del Ejército y 37 de Armada. Pero que existen 389 casos con 210 víctimas que están paralizados en el juzgado federal.

El tema es uno de los ejes centrales en la agenda de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. En una reunión regional de la Mesa de Discusión Institucional y Social, fiscales, funcionarios, querellantes y miembros de organismos de DDHH dieron su respaldo unánime para separar a los jueces subrogantes Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet, a quienes denominaron como “los garantes de la impunidad”. La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura ya los apartó de forma provisoria pero aún siguen en sus puestos porque tal decisión deberá ser ratificada por el Consejo en pleno, el próximo 18 de junio. “Es una jurisdicción muy difícil, ante cualquier avance hay una reacción corporativa. Y después que la justicia sentó en el banquillo a Vicente Massot, la embestida fue doble, porque no sólo sacaron al juez Álvaro Coleffi sino que plancharon otras causas. La corporación judicial de Bahía Blanca sigue de pie, mostrando las garras ante los que la desafían y no debemos permitirlo”, dijo a esta agencia Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

La fiscalía denunció, además, que el juez Martínez tiene una secretaría que se dedica tiempo completo a investigar los crímenes de lesa. Y que, lejos de cumplir la tarea, "cajonea" los documentos.  “Está a cargo del Secretario Federal de Derechos Humanos, Mario Fernández Moreno, al que también acusamos de inacción, demora y desidia. En Bahía, los fiscales no sólo tenemos que presentar las pruebas e impulsar las medidas, sino que también debemos controlar lo que hace o no hace el juzgado. Y eso no es posible. Nosotros queremos que se aplique la ley, ni más ni menos que eso”, enfatizó Nebbia.

En un escenario que los organismos describieron como de "alarmante preocupación”, los fiscales presentaron un requerimiento de instrucción para evaluar el desempeño de Martínez. Desde 2013 relevaron hechos por 210 víctimas, en el que “se imputaron 38 acusados nuevos, y se ampliaron las imputaciones sobre la mayoría de los encartados de la causa”. ¿Qué hizo el juez ante el pedido? Se limitó a responder que tuvo una actitud “pro-activa” sobre los expedientes para dar “respuesta jurisdiccional a todas y cada una de las víctimas que sufrieron en carne propia el terrorismo de Estado instaurado entre 1976 y 1983”, y se adjudicó “un arduo y profundo trabajo de análisis e investigación”. Pero los fiscales demostraron lo contrario. “La serie de incompetencias del juzgado parece, por momentos, delirante”, confesó Palazzani. En el escrito se lee: “Se advierten una serie de vicios, errores e irresponsabilidades, que ponen de relieve un desmesurado esfuerzo a impedir el avance del proceso de memoria, verdad y justicia”.

Las cinco maniobras más representativas que impiden el avance de la investigación son las siguientes:

1-El juez no chequeó

El juez pidió investigar el caso de los militantes montoneros Graciela Tauro y su pareja Jorge Rochistein. Pero se demostró que no había revisado el expediente. Olvidó que, desde el juzgado, se había declarado la incompetencia porque se trató de un hecho de otra jurisdicción: ambos nacieron en Bahía Blanca y estudiaron en la Universidad del Sur, pero fueron secuestrados en Buenos Aires. O sea: el juez no chequeó la información, pidió algo que él mismo había rechazado.

2- El juez citó mal

El juez se equivocó en el abordaje de los hechos. No investigó en profundidad y citó mal informes, como el de la CONADEP, que se tituló “Desaparecidos fuera de Bahía Blanca”. El juez había creído que se trató de desaparecidos dentro de Bahía. Además del caso “Tauro”, existen otros que corresponden a otras jurisdicciones y que el juez nunca supo, como el de Heldy Rubén Santucho, que fue militante de Montoneros en Bahía pero que luego vivió en La Plata, donde fue asesinado.

3-El juez ni siquiera “googleó”

El caso paradigmático es el de Carlos Kristensen, que se encuentra requerido en Neuquén y por el cual hay condenados. Los fiscales denuncian que el juez ni siquiera “googleó” los apellidos: si lo hubiera hecho, habría comprobado que su pedido de investigación por Kristensen era inadecuado. En el requerimiento, además, el juez no dice el mínimo elemento de prueba que permita conocer las circunstancias del hecho.

4-El juez no investiga los hechos verdaderos

La fiscalía denunció no sólo que el juez solicita investigar casos que corresponden a otros juzgados, sino que no investiga a los verdaderos: los que son de su competencia jurisdiccional. De los 389 casos que aún no recibieron respuesta, están los de Carlos Brega, Beatriz Sagarzazu y Rubén Cerda, entre otros.

5- El juez anotó mal el apellido

Por errores de escritura de apellido o por referencias incompletas, la fiscalía comprobó que se repiten 50 casos, varios de los cuales ya habían sido requeridos. Así, entre otros, aparecen enunciados los casos de "‘el Turco’ de Comodoro Rivadavia", un "chico que trabajaba en una imprenta en calle Darragueira"; un "chico platense que vivía en Sarmiento 700"; "una chica de Huanguelén"; "Guillermo de Olavarría"; "un señor con su hijo, oriundos de Carhué"; y "unos rusos que no recuerda sus nombres ni tampoco si eran de Bahía o de Viedma".

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