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La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de 16 militares y policías imputados por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 270 víctimas durante el denominado "Operativo Independencia" en esa provincia, desde febrero de 1975 hasta septiembre de 1983.

Por otra parte, el tribunal, integrado por los jueces Marina Cossio, Graciela Fernández Vecino y Ernesto Clemente Wayar, no hizo lugar al llamado a extradición e indagatoria de María Estela Martínez de Perón solicitado por los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira.

La Cámara consideró que "por el momento no se encuentra demostrada la existencia de sospecha suficiente que habilite el llamado a prestar declaración indagatoria a la entonces presidente de la Argentina". De esta forma, la Cámara se expidió sobre la causa que investiga delitos ocurridos entre febrero de 1975 y el 24 de marzo de 1976.

Los imputados son Carlos Idelfonso Delia Larocca, Mario Benjamín Menéndez, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Ernesto Nicolás Chávez, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido, Ramón Cesar Jodar, Miguel Angel Moreno, José Luis del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas, Pedro Adolfo López, Enrique José del Pino y Néstor Rubén Castelli.

Además, la Cámara confirmó la falta de mérito para procesar o sobreseer a Luis Rolando Ocaranza, Roberto Manuel Monteros, Fernando Luis Labayru y Julio César Sarmiento. Entre los considerandos, la Cámara sostuvo que "quedó probada la existencia del plan criminal estructurado en una cadena de mandos, que con el alegado propósito de combatir la subversión, violó el orden constitucional, implantó el terrorismo de Estado, y produjo la supresión sistemática de los derechos y garantías individuales de todos los ciudadanos argentinos, con el inicio del Operativo Independencia".

Según precisó la Cámara, el "Operativo Independencia" se inició "en el mes de febrero de 1975, luego se sistematizaría a partir del 24 de marzo de 1976, con el Proceso de Reorganización Nacional, y culminaría en el mes de setiembre de 1983".

Señaló que "la organización criminal gestada se sustentó en la cadena de mandos con jerarquías que la estructura de las fuerzas armadas y de seguridad habilitaba, y que fue utilizada para la realización de procedimientos al margen de toda ley, con la finalidad expresa de aniquilar a los oponentes políticos o ideológicos".

El tribunal argumentó que "teniendo en cuenta este contexto es posible afirmar que los imputados fueron miembros del personal de seguridad militar y policial, a quien se encomendó la ejecución de los actos ilícitos enmarcados en el Operativo Independencia, y en tal carácter, miembros de una asociación ilícita agravada".

Finalmente, agregó que "los imputados surgirían como presuntos responsables de las ordenes en virtud de las cuales se ejecutaron las violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados en perjuicio de las víctimas".

"Estas conductas delictivas, configurarían conforme el contexto de su comisión, crímenes contra la humanidad, constituyendo delitos de lesa humanidad", concluyó.

Los recursos de apelación contra la sentencia del 27 de diciembre de 2012 habían sido interpuestos por diferentes motivos por el Ministerio Público de la Defensa, por defensores particulares de 2 de los imputados, por la querella en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por el Ministerio Público Fiscal.